Uno de esos países es precisamente Ecuador, que durante el mes de octubre tuvo que soportar protestas en las cuales participaron distintos sectores sociales, destacándose aquellas que fueron encabezadas por el movimiento indígena organizado en la CONAIE, paralelamente a las cuales se evidenciaron también acciones que degeneraron en violencia, ya sea de parte de manifestantes o de infiltrados, o de las fuerzas policiales que (según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos) habrían hecho un uso excesivo de la fuerza.

Las protestas y la paralización, que vivió el país durante el mes de octubre, denotó una crisis de la democracia como mecanismo para el ejercicio del poder y para procesar los conflictos.
En efecto, la crisis y conflictividad social desatada se originó en la adopción de medidas económicas que, por los graves costos sociales que algunas de ellas iban a generar, no debían ser impuestas sino dialogadas y acordadas democráticamente, sobre todo con los sectores sociales que inevitablemente iban a recibir el peso mayor del encarecimiento de los precios de todos los bienes y servicios.

Aún más, la vía democrática era necesaria debido a que la propia legitimidad social del Presidente Moreno había caído significativamente, y cuando de manera reiterada éste había hablado de estar “abierto al diálogo”, de ser el “Gobierno de todos”, etc. etc.
Al no proceder de esta manera se producen las protestas sociales y, nuevamente, el Gobierno cometería el error de pretender enfrentarlas con la represión y la declaratoria del “estado de excepción”; situación que en vez de aminorar dichas protestas terminarían más bien acrecentándolas y provocando un círculo de más convulsión e inusitada violencia.

Si bien junto a las protestas pacíficas se dieron también actos reprochables de violencia por parte de ciertos protestantes (infiltrados e interesados); la violencia de la fuerza pública (particularmente la policial) devino, en varios casos, en una represión que fue mucho más allá de lo permitido por el marco legal y por un régimen auténticamente democrático.

El uso progresivo de la fuerza es un rol específico de la institución armada de un Estado, para cuidar el orden y garantizar la seguridad de las personas; pero ese uso tiene que ser legítimo, es decir, basado en lo que dice la ley; caso contrario deviene en un uso ilegal y pon ende en un delito. De forma que cuando se usa la violencia contra protestas que son pacíficas, o se reprime a personas que cometen delitos cometiendo también delitos, ya no se está ejerciendo una autoridad legítima sino arbitraria, con lo cual el Estado ya no sería democrático sino autoritario o dictatorial.

De las protestas al “diálogo”

El alargamiento de las protestas sociales por más de diez días, que aunado a la debilitada legitimidad del Gobierno podían poner en riesgo su propia estabilidad, hizo que este se vea forzado a establecer un diálogo público con los representantes del Movimiento Indígena y a derogar el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.

Miembros de las fuerzas policiales y militares en acción de respuesta a las protestas de los ciudadanos.

Si bien el Gobierno de Moreno, desde meses atrás, venía realizando lo que denominó como el “diálogo nacional”; empero, este aparecía más bien como un diálogo entre comillas, antes que un auténtico proceso democrático para escuchar y lograr acuerdos con todos los actores de la sociedad, en temas trascendentales para la vida nacional, como la propia política económica. Es decir, un “diálogo” convertido más bien en una suerte de estratagema política y propagandística del régimen.

Ahora, cuando el Gobierno se vio forzado a abrirse al mecanismo del diálogo, la expectativa sería que el mismo sea esta vez auténtico y, por ende, democrático; de forma que las nuevas medidas económicas que se prevé tomar sean concertadas y ya no impuestas.

Además, para evidenciar la autenticidad del diálogo pregonado por el Gobierno, este tiene que mostrar que no está en una actitud revanchista o de persecución a los líderes sociales e indígenas de las protestas; esto sin perjuicio de buscar una sanción para aquellos que sí cometieron delitos comunes en las protestas, y también para aquellos que reprimieron las mismas violando los derechos humanos y constitucionales.