Por: Marco Salamea Córdova
Magíster en Sociología y Desarrollo
Sociólogo, catedrático universitario y columnista periodístico
Fotos: Juan Francisco Beltrán Romero
Uno de esos países es precisamente Ecuador, que durante el mes de octubre tuvo que soportar protestas en las cuales participaron distintos sectores sociales, destacándose aquellas que fueron encabezadas por el movimiento indígena organizado en la CONAIE, paralelamente a las cuales se evidenciaron también acciones que degeneraron en violencia, ya sea de parte de manifestantes o de infiltrados, o de las fuerzas policiales que (según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos) habrían hecho un uso excesivo de la fuerza. | ![]() |
La medidas de la discordia
En el marco de una política económica, ligada cada vez más a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno del Presidente Lenin Moreno adoptó a inicios de octubre medidas económicas que oficialmente tenían el objetivo de enfrentar el déficit fiscal e incentivar la reactivación productiva.
Sin embargo dichas medidas provocaron una reacción social inesperada, sobre todo por el gran costo social que iba a tener la principal medida tomada la eliminación del subsidio a los combustibles. Una medida que iba a significar no sólo la elevación significativa de los precios de estos (sobre todo del diésel), sino el aumento consiguiente de los precios de diferentes bienes y servicios, un aumento que además podría ser exacerbado por la conducta especulativa que caracteriza al mercado nacional.
A más de los sectores sociales populares, serían también sectores de las capas medias las que se verían amenazadas por esa y otras medidas, como la reducción en 15 días del periodo vacacional de los empleados públicos, la retención mensual de un día de sueldo a los trabajadores de las empresas públicas y la reducción del sueldo en un 20% a los empleados ocasionales que renueven su contrato.ACBREn contraste con esto se interpretaba que las élites del Estado y los grandes grupos de poder económico no tendrían ningún sacrificio, mientras el FMI ya había expresado su contento.
Como medidas “compensatorias” el Gobierno había anunciado un incremento en 15 dólares del bono que reciben las familias en extrema pobreza.
Si bien las medidas también contemplaban algunas reducciones de impuestos, que aparecían como positivas para la dinamización de algunos sectores productivos; empero esas reducciones, así como las reformas laborales que buscan flexibilizar y abaratar el costo de la fuerza de trabajo, serían insuficientes para lograr la prometida reactivación de la economía y el aumento del empleo, pues esto no podría darse mientras la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población continúe baja y la pobreza aumente.
Las protestas y la violencia
Las protestas y la paralización, que vivió el país durante el mes de octubre, denotó una crisis de la democracia como mecanismo para el ejercicio del poder y para procesar los conflictos.
De las protestas al “diálogo” El alargamiento de las protestas sociales por más de diez días, que aunado a la debilitada legitimidad del Gobierno podían poner en riesgo su propia estabilidad, hizo que este se vea forzado a establecer un diálogo público con los representantes del Movimiento Indígena y a derogar el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. | Al respecto, una de las características de un régimen genuinamente democrático es que los gobernantes traten de resolver los conflictos, sociales y políticos, a través del diálogo y los acuerdos. Pues a diferencia de un régimen dictatorial, donde las políticas gubernamentales que causan conflictos se imponen por la fuerza o la coerción; en democracia esas políticas deben adoptarse por la vía de la negociación o el consenso, sobre todo si se trata de políticas o medidas que conllevan efectos desfavorables para la mayoría de la población.
Si bien el Gobierno de Moreno, desde meses atrás, venía realizando lo que denominó como el “diálogo nacional”; empero, este aparecía más bien como un diálogo entre comillas, antes que un auténtico proceso democrático para escuchar y lograr acuerdos con todos los actores de la sociedad, en temas trascendentales para la vida nacional, como la propia política económica. Es decir, un “diálogo” convertido más bien en una suerte de estratagema política y propagandística del régimen. Ahora, cuando el Gobierno se vio forzado a abrirse al mecanismo del diálogo, la expectativa sería que el mismo sea esta vez auténtico y, por ende, democrático; de forma que las nuevas medidas económicas que se prevé tomar sean concertadas y ya no impuestas. Además, para evidenciar la autenticidad del diálogo pregonado por el Gobierno, este tiene que mostrar que no está en una actitud revanchista o de persecución a los líderes sociales e indígenas de las protestas; esto sin perjuicio de buscar una sanción para aquellos que sí cometieron delitos comunes en las protestas, y también para aquellos que reprimieron las mismas violando los derechos humanos y constitucionales. |